Más de 300.000 viviendas irregulares de las que existen en Andalucía podrían contar con protección legal gracias a un nuevo decreto Ley, 60.000 de estas viviendas están en Málaga. Aunque podamos pensar que esto es “café para todos”, nada más lejos de la realidad. Esta norma ha sido aprobada por la Junta de Andalucía, y será derogada con la futura Ley de Urbanismo y Suelo.

El nuevo decreto Ley indica que no podrán legalizarse las viviendas que tengan menos de 6 años o aquellas que tengan una sentencia firme de los tribunales, ni tampoco las que se asienten sobre suelos de especial protección. La intención es poner fin al caos jurídico y administrativo con una norma basada en la protección ambiental y en la simplificación de los trámites.

Como todo buen decreto trabaja en tres niveles de actuación, el individual, que atiende a las edificaciones fundamentalmente, el grupal, identificando los núcleos de población existentes, y el general, posibilitando la incorporación de todo esto a los Planes Generales.

Pero lo que le interesa al afectado de a pie es realmente si esto es efectivo. El planteamiento inicial parece similar al anterior, quizás un poco más claro, pero en resumidas cuentas, debemos justificar la antigüedad, las condiciones de habitabilidad y la existencia de servicios, sean acceso, agua, electricidad o saneamiento.

El objetivo final es hacer constar en el Registro de la Propiedad la situación urbanística de las edificaciones irregulares terminadas, en las que no se hubiera producido aún la declaración administrativa de la situación de asimilado a fuera de ordenación. Pero la declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación irregular no supone su legalización, ni produce efectos sobre aquellos otros procedimientos a los que hubiera dado lugar la actuación realizada en contra del ordenamiento jurídico. Para las edificaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación no procederá la concesión de licencias de ocupación o de utilización.

Ahora toca seguir estudiando el decreto, hablar con los Ayuntamientos para ver cómo afecta esta nueva situación a los expedientes que ya están en trámite, y sobre todo, seguir trabajando para regularizar las situaciones personales de muchísimas familias.

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